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Hablando de derecho y minería en Cajamarca (página 2)




Enviado por Robert Arroyo



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Así, en nuestro país pese a lo que se
diga, el Derecho (como conjunto de normas, principios,
instituciones)
sigue siendo un aparato creado para asegurar los intereses de los
capitalistas (nacionales-internacionales), contrariamente a la
creencia general, el derecho es un instrumento de
dominación político-jurídico de una clase sobre
otra es decir, es un instrumento al servicio de la
burguesía nacional-internacional en detrimento del
proletariado, pues no hay que olvidar que el derecho está
sujeta a influencias histórico-sociales que tienen
ligazón con las condiciones económicas-sociales del
momento, y reflejan en gran medida intereses de grupo y sobre
todo de la clase social que tiene en sus manos los medios de
producción.

La Región de Cajamarca, tampoco escapa a estas
relaciones sociales de producción, en donde se evidencia
por ejemplo que desde el inicio de las operaciones de
Minera Yanacocha (M.Y). en nuestra localidad, subordinan a la
agricultura,
despojando al campesino de
su principal medio de producción la tierra-,
contando por ello con la superestructura y amparándose en
una nueva ley general de
minería y
de la inversión
extranjera, abriéndose las puertas a la inversión más voraz. Por parte del
Estado se
promulgó el Código
del Medio Ambiente
y de los Recursos
naturales.

En el marco de un nuevo estilo de hacer política desde
el Estado se
promulgó una nueva ley de tierras muy favorable a la
Minería. La minería de la década de Fujimori
trajo un nuevo concepto: "la
minería ecológica generadora de grandes utilidades
para las transnacionales a costa del bienestar social"

Aunque exista constitucionalmente "igualdad
formal ante la ley", los monopolios y la economía pura de
mercado y el
modelo
económico primario-exportador, ha favorecido y
profundizado una desigualdad económica en Cajamarca nunca
antes vista, en donde se demuestra que M.Y si bien tuvo una
utilidad neta
de 390.300 en miles de dólares en el 2004, Cajamarca ha
subido al segundo lugar en los niveles de pobreza (en el 93
estuvo en 4 lugar del mapa de la pobreza),
según cifras publicadas por FONCODES, las cifras oficiales
muestran que del 1395,000 habitantes del departamento el 75.3 son
campesinos; con una tasa de desnutrición del 40.9%; una mortalidad
infantil en las comunidades campesinas aledañas a la mina
de 88,5/1000; carencia de servicios de
saneamiento básico que llegan a niveles increíbles:
sin agua (30.2%);
sin desagüe (75.7%); sin electricidad
(78.6%) , y a pesar que nuestra Región cuenta con
buenas condiciones naturales para el desarrollo de
la producción agrícola, forestal y pecuaria,
así como las actividades eco-turísticas.

El sistema legal
solo ha servido como instrumento de dominación de las
grandes transnacionales para imponer sus condiciones y favorecer
sus intereses en compadrazgo con nuestra gran burguesía
nacional siendo un instrumento que no ha podido resolver con
eficiencia los
problemas
sociales que la presencia de la minería ha venido
generando en nuestra Región, esto se debe a que el marco
legal ambiental del sector sólo involucran a las fuentes u
origen de la
contaminación como: operaciones de tajo abierto;
planta concentradora; uso del agua de las lagunas y ríos
para las operaciones mineras y metalúrgicas y las
necesidades domésticas; minería subterránea,
stock piles con lluvias. Efluente de lagunas contaminadas
(depósito de relaves); Residuos
sólidos de poblaciones de campamentos y ciudades
mineras (…), por citar algunos ejemplos utilizando
máximos permisibles arbitrarios que permiten una mayor
contaminación que lo establecido por la ley
de aguas y los estándares internacionales, siendo
favorecido la Empresa
Minera.

Así mismo, las normas no consideran el
tratamiento específico de los casos de daño a
la flora y fauna, a la
salud humana y en
general a la población.

No hay una normatividad que refleje una gestión
ambiental local coordinada con otros sectores y promueva la
participación de las organizaciones
locales.

Las empresas
contratan a las auditoras ambientales y en la práctica, no
se pueden denunciar un delito
ecológico a la fiscalía y por ende al Poder Judicial,
porque primero debe pasar por el visto bueno del MEM que emite su
informe, y como
sabemos el MEM es una institución que sirve a los
intereses de las grandes transnacionales.

Los PAMAs y EIAs no están a disposición de
las organizaciones locales representativas.

Las Mineras cuentan con exoneraciones tributarias, y el
canon minero, como las regalías son porcentajes irrisorios
que lo evaden con leyes hechas a su
favor.

En lo que respecta al aspecto laboral MY viene
explotando al proletariado local que labora par dicha
transnacional, para ello Yanacocha sigue utilizando los
cuestionados "Services", pues M.Y contrata a estas empresas que
proveen servicios, entre los que figura la contratación de
la mano de obra barata, desatendiéndose de esta forma de
los derechos
laborales y de la política salarial de los trabajadores,
ya que si existiese reclamos laborales, Yanacocha no se
responsabiliza sino que es el problema de las empresas
subcontratistas, las que a su vez lucran de ambas partes: del
cobro que hacen a Yanacocha por la prestación de servicios
y de otro de la explotación salarial de los
trabajadores.

Estos son claros ejemplos como el sistema legal, es un
instrumento de ordenación y regulación de la clase
capitalista, para proteger sus intereses particulares, que por su
afán de acumular riquezas destruyen y contaminan la
ecología y
el medio ambiente,
envenenando las cuencas de los ríos y lagos siendo
afectados la fauna, la flora, la agricultura, la ganadería.

Estas inversiones
mineras tienen nefastas consecuencias como lo ocurrido en Cerro
de Pasco, Huancavelica que no trajeron ningún progreso
para las regiones ni para sus poblaciones. Fueron saqueadoras,
sobre explotadoras y depredadoras ecológicas. Se
desarrollaron a expensas de la agricultura, de la
ganadería y del hombre.

Las inversiones capitalistas no son para fomentar el
progreso del país y de la Región, sino para
acumular riquezas egoístamente.

No, les importa por ejemplo contar con una
Minería Responsable socialmente y que propicie el desarrollo
sustentable y sostenible, que constantemente solicita el
pueblo peruano y en concreto la
sociedad de
Cajamarca.

A estas inversiones pragmáticas,
retrógradas, sin perspectiva fecunda, sin
proyección nacional, patriótica, ecológica,
deben estar dirigidas las luchas de los distintos actores
sociales para que no se desaprovechen las oportunidades que la
Minería en la Región de Cajamarca genera, siendo
por ello necesario en la Región como señala Aliaga
Díaz:

"Contar con la existencia de un Proyecto de
Desarrollo Local-Regional que resuelva problemas como
la pobreza, injusticia, desintegración y desarrollo
desigual por el que atraviesa Cajamarca.

Contar con la existencia de compromisos reales para la
elevación de compras locales
de la Minera y de las empresas que laboran para ella.

Firme compromiso, para invertir en forma eficiente y
transparente los recursos del
canon minero y de las regalías mineras.

Implementar un sistema de vigilancia ambiental ciudadano
y participativo.

Implementar una defensoría local para prevenir y
facilitar la resolución
de conflictos ambientales y sociales menores.

Implementar mecanismos de consulta y
participación popular en la planificación del desarrollo provincial y
regional.

Contar con compromisos para crear y financiar un
Instituto de Planificación
estratégica, que no solo formule las metas de
desarrollo a mediano y largo plazo de la provincia-región
sino que actúe como soporte del planeamiento de
obras de las instituciones regionales y locales.

Compromiso para fiscalizar de forma efectiva las normas
laborales, de la seguridad de los
trabajadores en el ámbito de las empresas mineras y
locales en general".

Por nuestra parte, señalamos así mismo que
el sistema jurídico en la sociedad peruana es una
superestructura alimentada por ingredientes económicos y
políticos e instrumentada por la clase dominante desde el
gobierno, para la
satisfacción de los intereses de la burguesía
nacional y sobre todo de las grandes transnacionales.

Creemos, que es necesario en el Plano de la
minería que en el ámbito regional se cuente con un
plan de
ordenamiento y gestión
territorial que involucre a los movimientos sociales más
representativos y que cuenten con legitimidad social,
autoridades, instituciones, para decidir responsablemente en que
zonas se puede desarrollar la minería y en que condiciones
se daría ésta, contando por ello con una
zonificación económica,
ecológica.

Se debe contar no solo con un proyecto de desarrollo
local-regional sino principalmente con un proyecto de desarrollo
nacional que anteponga los intereses de la patria en
contraposición a los intereses de los monopolios
internacionales, es decir que evite centrarse en el modelo
primario-exportador de crecimiento hacia fuera.

Es necesario potenciar otros sectores
estratégicos en nuestra Región como: agricultura,
industria,
ganadería, agroindustria, ecoturismo,
aprovechamiento de nuestra biodiversidad,
investigación
científico-tecnológica, infraestructura productiva,
construcción, así como mejoramiento
de la Salud, Educación y
Seguridad.

Solo entendiendo que el derecho es un instrumento de
dominación de una clase por otra, se podrá entender
la manera como la burguesía aliada de las grandes
transnacionales operan impunemente en nuestro país,
haciendo y desasiendo las leyes a su gusto y antojo defendiendo
así, sus intereses económicos, como es el caso de
MY, sólo el pueblo conciente, organizado y preparado
podrá salir de la postración de opresión y
explotación, pasando a convertirse en una verdadera
fuerza de
liberación, que realmente acabe con la dominación
capitalista e imperialista, y luche por una sociedad más
justa y humana.

Bibliografía
Básica

1 ALIAGA DÍAZ, César: A Tajo
Abierto: Minería y pobreza en Cajamarca
, 1
Edición, Editorial, Arteidea editores,
Lima, 2006.

2 ARANA, Marco: Minería Pobreza y
Contaminación Ambiental en
Cajamarca
, Ver: http://www.cajamarca.de/mine/mineria-marco.htm

3 ARANA ZEGARRA, Marco y VASQUEZ, Mirtha:
Agua y Minería en Cajamarca-Defendiendo el
Derecho al Agua
, Ver: .

4 FEDERACIÓN REGIONAL DE RONDAS CAMPESINAS Y
URBANAS DE CAJAMARCA: Acuerdos y Resoluciones del VIII
Congreso
, 1 Edición, Editorial, Ediciones
Nuevo Curso, Lima, 2004.

5 HARNECKER, Martha: Qué es la
Sociedad
, Editorial, Ediciones Antarca, La Habana,
1986.

6 Programa de Vigilancia Social de Empresas
Transnacionales en el Perú
., Ver:
http://siviso.plades.org.pe/Sistema/VigilanciaSocial/Portal/noticias.jsp?APARIENCIA=4&LISTADO=2&IDNOTICIA=N0664&IDSECTOR=S0002&MES=0&ANHO=0&NUMFOTO=1

 

Autor :

Robert Henry Arroyo Castañeda

Ex alumno de la Universidad
Privada Antonio Guillermo Urrelo Cajamarca-Perú

 

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